En el Perú, da la impresión que concebimos la institucionalidad como la capacidad de crear instituciones cada vez que es necesario solucionar un problema. Por ello, leemos con malestar y asombro, aunque con poca sorpresa, que para enfrentar los problemas denunciados en la gestión de la Costa Verde hay quienes proponen crear una nueva institución, que asuma competencias y funciones que están asignadas constitucionalmente a los gobiernos locales.

Antes que crear otra institución que se ocupe de un problema específico de la ciudad, como es el caso que nos ocupa, debemos encontrar los mecanismos de control si el problema es de control, mecanismos financieros si el problema es de recursos económicos, mecanismos que promuevan la participación empresarial del sector privado si el problema es de gestión. Pero, en ningún caso, estaremos de acuerdo que se usurpe más competencias a las ya debilitadas instituciones locales.

Cuando se critica la gestión metropolitana de Lima, pocos reparamos en el hecho que la mayoría de las competencias que La Constitución Política del Estado Peruano asigna a la Municipalidad Metropolitana de Lima, reconocidas por la Ley Marco de la Descentralización y específicamente consignadas en el Título XIII de la Ley Orgánica de Municipalidades, no están a su cargo sino de diversos Ministerios y numerosas OPDs. Así, son muy pocas las funciones que efectivamente ejerce la Municipalidad Metropolitana, en una ciudad que por añadidura está fragmentada en dos provincias y 49 distritos, donde se superponen dos regiones, entre otras aberraciones jurídicas.

Estamos convencidos que crear la Autoridad Autónoma de la Costa Verde fue un error, al asignarle competencias a una institución sin los recursos ni el marco legal necesario para su gestión, como es un error que la gestión de la ciudad esté fragmentada en un mosaico de territorios y atribuciones donde cada municipalidad distrital debe darle el tratamiento que su libre albedrío le dicte a cada fragmento de la ciudad; en particular. Ello, al debilitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima incrementa la debilidad de una ciudad que es el paradigma del centralismo nacional y latinoamericano.

Por estas y otras innumerables consideraciones queremos alertar a los Congresistas de la República para que no se dejen seducir por fáciles “cantos de sirena” y que no caigan en la fácil provocación de crear una institución más que suplante a otra para solucionar un problema; el reto es consolidar la institucionalidad como soporte de una política nacional orientada a la descentralización;

Nuestra propuesta se orienta a analizar el problema con más seriedad para definir los aspectos que no han venido funcionando bien, para definir las causas de fondo y encontrar las soluciones de manera integral. Estas soluciones nos darán el derrotero para fortalecer el rol de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su relación con la Municipalidad-Región de El Callao con quien Lima tiene una relación simbiótica que no puede ser ignorada.

Adicionalmente a lo dicho, podemos señalar que pocas ciudades de América Latina tienen el privilegio de contar con una vista del Océano Pacífico como la ciudad de Lima, que además es la única capital americana que goza de la vista del mar. Lamentablemente, pocos habitantes de esta ciudad le dan importancia. Tal vez por siempre estuvo allí y, acostumbrados a su presencia, no nos llama mucho la atención.

Aunque todos tenemos una idea aproximada de su potencial recreativo y turístico, pocos hemos  reparado en el verdadero valor de ese patrimonio monumental conformado por grandes espacios: por un lado, en la parte alta de la ciudad, el malecón que constituye el límite entre la ciudad y el acantilado que bordea la playa, donde se han desarrollado muy pocas soluciones urbanísticas y, por otro lado, en la parte baja, las playas muchas de las cuales se ha “ganado al mar” por esfuerzo público pero también con esfuerzo privado.

Algunas playas son ejemplo de un buen tratamiento por parte de sus autoridades donde la oferta de espacios recreativos para la ciudadanía es uno de sus mayores aportes, como también existen una serie de denuncias por el mal uso de los espacios públicos para fines privados y generalmente exclusivos. Aquí las normas deben reforzar las iniciativas municipales mediante una regulación que considere espacios para la recreación como espacios para la provisión de bienes y servicios –alimentos, vestuarios, canchas, estacionamientos, transporte,  sanitarios y otros- para atender las necesidades de los ciudadanos que bajan a las playas.

Otro caso es el de “Larcomar”, promovida por la Municipalidad de Miraflores, cuyo atractivo turístico ha trascendido nuestras fronteras y constituye una escala obligada de turistas que visitan Lima. Al mismo tiempo, es sin duda muy polémica por la apropiación de un espacio público constituido donde hubo –entre otros- una concha acústica que nunca fue repuesta y por la forma discutible en que se tomó la decisión. En nuestra opinión, es legítimo el uso y aprovechamiento del acantilado con fines comerciales y turísticos, pero debió hacerse en un sitio donde no había ya un parque, aunque las ganancias para los inversionistas fueran menos jugosas.

Si tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien, es nuestra obligación moral aprovecharla